He estado atrapado en Londres la semana pasada, debido inicialmente a la nieve en Inglaterra y luego debido a la jugadita de los controladores aéreos que me ha obligado a dormir una noche de más en Inglaterra y otra noche de más en Toulouse. La cuestión, como es obvio, me ha afectado de lleno ya que, en lugar de pasar el sábado y el domingo en casa con mis hijos he tenido que estar peleándome con empleados de aeropuerto y compañías aéreas de todo tipo y condición, arrastrando maleta y ordenador y obligado a comprar algo de ropa.
Éso me ha fastidiado.
Pero me ha inquietado más, por lo hondamente preocupante del asunto, enterarme de que nuestro nunca bien ponderado gobierno decidió militarizar las torres de control españolas y con ello convertir a los controladores aéreos en militares provisionales, durante al menos quince días. La "conversión" ha ido acompañada de una sujeción, por decreto, a los tribunales militares para esos civiles tan incivilizados que han demostrado ser los controladores.
Eso no me ha fastidiado, en realidad: me ha preocupado y me preocupa aun mucho. La Constitución española no permite someter a ningún civil a la jurisdicción militar salvo que se haya declarado formalmente el estado de sitio. Y lo que se ha hecho aquí ha sido declarar el estado de alarma, que es algo distinto.
El gobierno ha fulminado en un abrir y cerrar de ojos todos y cada uno de los derechos laborales de los controladores, y ello sin que se cumplan los requisitos que establecen las leyes. El gobierno ha mandado, en un instante, a los tribunales militares (ya saben, ésos que celebran consejos de guerra y demás) cualquier actitud de un controlador que desde el punto de vista del Código Penal Militar sea delictiva, como desobedecer una orden de un superior, o faltarle al respeto, algo que en la vida civil te puede costar, como mucho, el despido. Pero hete aquí que el presidente efectivo del país (Rubalcaba) ha convencido a su supuesto jefe de que la medida del estado de alarma tiene más extensión de la que tiene.
Se ha invocado por el gobierno la defensa del derecho a la libre circulación y a la libertad de movimientos de los ciudadanos para acudir al expediente militar. En Madrid, hace bien poco tiempo, hubo una huelga salvaje en el Metro, que afectó en días laborables a más del doble de los ciudadanos que aquéllos a los que ha perjudicado el asunto de los controladores. Sin embargo, el gobierno no militarizó el Metro de Madrid, ni transformó a sus empleados en soldados. Qué decir de las innumerables ocasiones en que se han bloqueado en España puentes por los empleados de los astilleros, o carreteras por el sector de los autónomos del transporte.
No pasará mucho tiempo hasta que los tribunales declaren que el sometimiento de los controladores al ejército y a la jurisdicción militar son nulos de pleno derecho. Me atrevo incluso a decir que hay sombras de prevaricación en la adopción de la medida y la vía penal no va a quedar sin utilizar, de eso estoy seguro.
No he terminado. Con ser grave lo anterior, no es lo realmente malo: lo peor es la respuesta de la sociedad civil al golpe de estado encubierto del gobierno español. De hecho, más que reacción, ha habido un aplauso generalizado a la vía militar, y éso se ha debido a que el aparato de propaganda estatal ha hecho bien su trabajo y ha convencido a la ciudadanía de que los controladores no tienen los mismos derechos que el resto, sino que son una especie de demonios antisociales que, por el hecho de recibir unos importantes sueldos y complementos, merecen que la ley no se les aplique igual que al resto, habiéndose ganado que en pleno 2010 y bajo la guía nunca bien estimada del gobierno socialista se les desposea de sus derechos laborales mínimos, y del de asociación y del de libre expresión, y del de libre circulación.
Como me dijo un taxista en el trayecto de la terminal internacional del aeropuerto de Barajas, "¿cómo van a tener derecho a huelga estos tíos con el dineral que ganan?".
Fíense del gobierno y no corran.
No comments:
Post a Comment